El Coordinador Nacional del Partido Democrático Popular (Coalición PPD), jefe Emeka Kalu, ha pedido cautela e integridad al poder judicial sobre una serie de decisiones legales polémicas que amenazan con socavar los procesos democráticos.
Un fallo del miércoles del Tribunal Superior Federal de Abuja ordenó a la Comisión Fiscal, Asignación y Movilización de Ingresos (RMAFC) que detuviera la liberación de asignaciones mensuales reglamentarias al gobierno del estado de Rivers.
Esta sentencia ha hecho sonar la alarma entre los observadores, que sostienen que refleja un sesgo político destinado a desestabilizar la administración del Gobernador Sim Fubara.
Kalu condenó el fallo, afirmando que ejemplifica un flagrante desprecio por la voluntad del pueblo y sirve a los intereses de entidades políticas que buscan sembrar discordia.
“Es una injusticia atroz que cualquier partido político explote el sistema legal para beneficio personal”, afirmó, instando al poder judicial a actuar como guardián de los principios democráticos en lugar de un peón en los juegos políticos.
Hizo hincapié en que la ley debe respetarse, particularmente a la luz de la Sección 109(ig) de la Constitución de 1999, que estipula que los legisladores que desertan de sus partidos patrocinadores perderán sus escaños.
Kalu afirmó que las funciones esenciales del gobierno no deberían verse perturbadas debido al vacío legal creado por estas deserciones.
En medio de los actuales desafíos económicos de Nigeria, Kalu advirtió que no abordar la situación podría llevar a un aumento de las tasas de criminalidad a medida que los ciudadanos, frustrados por sus circunstancias, recurran a medidas desesperadas.
Cree firmemente que la administración de Fubara, que ha tomado medidas significativas para apoyar a la fuerza laboral –incluida la aprobación de un salario mínimo de 85.000 nairas– debe ser reconocida por su impacto positivo en lugar de ser atacada injustamente.
Las batallas legales en curso resaltan una coyuntura crítica para la democracia de Nigeria, que según Kalu corre el riesgo de erosionarse si el poder judicial no defiende su integridad.
Hizo hincapié en que un sistema jurídico justo es primordial para el progreso nacional y afirmó que la injusticia no puede tolerarse en una sociedad que valora el Estado de derecho.
“Mientras el estado de Rivers navega por este período tumultuoso, el llamado a la acción es claro: el poder judicial debe recuperar su papel como protector de la democracia y la justicia social, asegurando que las maquinaciones políticas no socaven los derechos y el bienestar de la población”, afirmó. dicho